Las y los jueces decanos de toda España, reunidos en Valencia, entre los días 1 y 3 de diciembre han elaborado un informe donde se analiza la situación actual de la Justicia en España y en particular del proceso penal y han consensuado 58 reflexiones, propuestas o sugerencias, para dotar de mayor eficacia al trabajo judicial en especial en la lucha contra la corrupción.

Jueces en la presentación de las 58 meididas
Jueces en la presentación de las 58 medidas

Durante estos días las y los jueces decanos de España han podido reflexionar en torno a diversos temas de interés general, pero que sin duda preocupan especialmente al poder judicial. Temas como la ley de segunda oportunidad, cuestiones del ámbito de los consumidores parándose especialmente en la legislación hipotecaria, los recursos (insuficientes) en los juzgados con especial mención a los juzgados de lo social y la lucha contra corrupción.

En el documento, que no he tenido tiempo de analizar en profundidad, en el apartado especial sobre las medidas para luchar contra la corrupción (apartado al que dedico el presente post) comienza haciendo una análisis a la situación actual de la democracia, poniendo en relieve la necesidad de una regeneración democrática, contemplando la modernización y puesta al día de las justicia (mejorando los procesos y aumentando los recursos económicos y personales) para acabar con la propuesta de 58 medidas concretas. Un interesantísimo trabajo que han realizado y creo que, como agentes implicados (jueces), estas propuestas deberían de ser tenidas en cuenta por el gobierno a la hora de legislar respecto al tema que actualmente se encuentra entre los que más preocupan a la sociedad, la corrupción.

Aquí os dejo las 58 medidas sacadas directamente del texto que han colgado tras la reunión:

A) MEDIDAS ESTRUCTURALES, ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN

1) Incremento del número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes. En España hoy tenemos una ratio de 11 jueces por cada 100.000 habitantes con 5.300 jueces en activo. Según la ratio media europea señalada deberíamos tener 9.660 jueces exactamente. Convocatoria sostenida de oposiciones para el acceso a la carrera judicial durante años hasta alcanzar dicha media.

2) Incremento de los presupuestos para Justicia hasta al menos el 3% de los Presupuestos Generales del Estado (presupuesto conjunto del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas).

3) Autonomía presupuestaria del Poder Judicial o al menos establecimiento de un porcentaje mínimo y garantizado para Justicia. Subsidiariamente, debería declararse el carácter vinculante de los acuerdos de los órganos de gobierno judicial respecto a los órganos del Poder Ejecutivo, reforzando su posición, especialmente en materia de refuerzos.

4) Ordenación del reparto de competencias en materia de Justicia. Es preciso aclarar quién toma las decisiones en nuestro ineficaz sistema de gestión de la Justicia, en el que intervienen el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas. Hay una falta absoluta de coordinación y frecuentemente las omisiones de unos dejan vacías de contenido las decisiones de otros. Pero la capacidad de maniobra del CGPJ es muy limitada.

5) Modernización informática, compatibilización de los sistemas informáticos de las Comunidades Autónomas, actualmente incompatibles entre sí, y con la Fiscalía. El fluido intercambio de información es fundamental, en especial en el ámbito penal.

6) Organización judicial más flexible. Agrupación de partidos judiciales y concentración en grandes sedes. Creación de los Tribunales de Instancia.

Instauración de la nueva oficina judicial regulada desde 2003. Comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer para dotarles de competencias adecuadas. Potenciación de los jueces de adscripción territorial dada su flexibilidad para efectuar refuerzos en determinados juzgados.

B) MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO

7) Establecimiento de mecanismos de refuerzo inmediato en causas especialmente complejas (en particular en casos de corrupción). Estas medidas de apoyo deben adoptarse con rapidez, en cuestión de días (y no de meses), para facilitar al juez su trabajo desde el principio en causas complejas y procurar que cada magistrado que conoce de este tipo de asuntos pueda dedicarse al mismo en exclusiva. Es necesario potenciar la capacidad de decisión y reacción del CGPJ por ejemplo dotando a sus resoluciones sobre los refuerzos o apoyos judiciales de carácter vinculante frente al MJ y las CCAA. Algo que parece más que lógico, pero que no se da en la práctica.

8) Introducción de la posibilidad de que en causas complejas los jueces puedan trabajar en equipo, coordinadamente y bajo una misma dirección en la fase sumarial, con reparto de tareas, lo que nada tiene que ver con la instrucción colegiada del proyecto de reforma de la LOPJ. Posibilidad de cooperación de magistrados de distintos órdenes jurisdiccionales, especialmente del contencioso- administrativo, en las causas por corrupción. Apuntamos la idea de creación por vía reglamentaria de la figura del Juez asesor o colaborador, a quien la Sala de Gobierno respectiva designaría ad hoc para formar parte de un gabinete técnico o para apoyar sin función jurisdiccional a un juez de instrucción del mismo TSJ que lo requiera, en relación con la instrucción de casos complejos o que precisen de conocimientos jurídicos especializados. Dicha designación podría venir en su caso acompañada de una reducción temporal y proporcionada de reparto para el juez así designado.

9) Aunque la tendencia debe ser a la profesionalización de la carrera, ante la insuficiencia de jueces y con carácter transitorio, debe admitirse la posibilidad de llamamiento de jueces sustitutos para realizar funciones de refuerzo, en caso necesario, y para cubrir bajas superiores a 15 días, dada la insuficiencia endémica de jueces. Su llamamiento permitiría agilizar el trabajo de los jueces de carrera y paliar la deficiencia de jueces en España.

10) Reconocimiento al CGPJ de la facultad de control sobre el cumplimiento por las CCAA de sus obligaciones de dotar de medios a los Juzgados, en especial cuando se trata de refuerzos ya acordados por el propio CGPJ, y singularmente en lo relativo a funcionarios.

C. MEDIDAS DE REFORMA DEL PROCESO PENAL EN GENERAL

11) Reforma de la LECrim, apostando por procedimiento penales ágiles, potenciando la oralidad, reduciendo la instrucción -que debe dejar de ser un fin en sí misma, ubicando el peso del proceso penal en el juicio oral y poniendo fin a sumarios interminables. Debe acabarse con la reiteración del binomio diligencia sumarial-práctica de prueba en el juicio oral.

12) Regulación clara, actualizada, exhaustiva y ordenada de todas y cada una de las diligencias de investigación y sus requisitos con las aportaciones de la jurisprudencia. Su regulación es hoy anticuada, deficiente o confusa, a veces incluso inexistente. Ello proporcionaría seguridad jurídica a los jueces de instrucción y evitaría dudas, recursos y nulidades. En especial es necesario regular adecuadamente las intervenciones telefónicas, la diligencia de entrada y registro y, con urgencia, las escuchas de conversaciones orales. En el primer caso la regulación es muy deficiente y no ha variado prácticamente desde 1988; en el segundo, confusa, prolija y poco práctica; en el tercero es inexistente, y ello a pesar de que se trata de diligencias fundamentales para la investigación de los delitos. Son sólo algunos ejemplos.

13) Agilización de los trámites externos que demoran las causas. Debe tenerse presente que una buena parte del tiempo de duración de las causas se produce por causas exógenas, ya que se consume en la espera de la recepción de informes periciales, de documentación remitida por otras entidades y de contestación a oficios solicitados por el juzgado, y en la preparación, traducción y remisión de comisiones rogatorias.

14) Reforma del sistema de recursos contra resoluciones de mero trámite, que dilatan enormemente los sumarios impidiendo su avance. Prohibición de recursos ante órganos superiores durante la fase de instrucción salvo que se refieran a medidas cautelares. Establecimiento de un único recurso devolutivo al final de la instrucción y particularmente contra el auto de procedimiento abreviado. No es de recibo que las partes puedan retrasar el proceso recurriendo hasta la última providencia irrelevante o que un auto rechazando una diligencia intrascendente o innecesaria pueda ser recurrido en apelación. Con ello se confieren armas para la dilación procesal absolutamente injustificada y se provoca un laborioso trámite con centenares de traslados y copias, lo que es particularmente grave si se tiene en cuenta que los procesos no están digitalizados y que los medios informáticos de la Justicia son los más atrasados de la Administración Pública. Deben reservarse los medios de impugnación en la medida de lo posible para cuando la investigación haya finalizado con el fin de revisar la misma.

15) Instauración de un sistema de costas procesales y sanciones, en su caso, que disuadan de pretensiones acusatorias temerarias.

16) Supresión del privilegio que se reconoce en la LECrim a ciertas autoridades de efectuar declaraciones por escrito sin comparecer ante el juez, lo que hace perder toda espontaneidad a tales declaraciones.

17) Introducción del principio de oportunidad que permita al Fiscal valorar si es conveniente o no iniciar el procesos penal en caso de pequeñas infracciones para descargar a los juzgados de asuntos de escasa entidad y con carácter reglado.

18) Especialización de juzgados y tribunales a nivel provincial o autonómico para la instrucción y enjuiciamiento de infracciones penales relacionadas con la delincuencia económica.

19) Agilización de las traducciones de conversaciones telefónicas (en ocasiones miles de horas de grabaciones) y comisiones rogatorias ya que este trámite retrasa las causas durante meses.

D. MEDIDAS RELATIVAS AL TRIBUNAL DEL JURADO

20) Supresión del listado de delitos competencia del Tribunal del Jurado de los cometidos por aforados, y en general, los delitos relativos a la corrupción.

E. MEDIDAS RELATIVAS A LOS AFORAMIENTOS

21) Revisión de los aforamientos, que generan importantes dilaciones procesales, y cuya única justificación es dar un tratamiento procesal especial a quienes ostentan un determinado cargo.

22) Debe evitarse que los aforamientos entorpezcan las diligencias de instrucción facilitando la ocultación o destrucción de pruebas, máxime cuando el instituto no es ninguna garantía sino un mero privilegio procesal hoy carente de justificación. Los aforamientos obligan al juez de instrucción a circunvalar a la persona aforada y le impiden adoptar medidas limitativas de derechos respecto al mismo (entradas y registros, intervenciones telefónicas, etc…), lo que dificulta notablemente las investigaciones.

23) Como consecuencia de lo anterior sería oportuno atribuir la instrucción de todas las causas, incluidas las que afecten a aforados, por el juez instructor ordinario sin perjuicio del enjuiciamiento por el tribunal al que el acusado esté aforado y de las competencias de la AN, en su caso.

24) El aforamiento, de mantenerse en algunos casos, debe limitarse siempre a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo por la persona aforada, no a cualquier otro.

25) Supresión del requisito del suplicatorio a las Cámaras parlamentarias, o privilegios procesales similares para parlamentarios autonómicos, que dificultan la instrucción de las causas contra aforados especialmente en el inicio de la fase de investigación y en caso de secreto sumarial.

26) Clarificación de la competencia en caso de causas que afecten a múltiples imputados, aforados y no aforados, en diversos tribunales (TSJ, AN o TS).

27) Imposibilidad de cambio de juez instructor o tribunal en caso de que la persona imputada o acusada deje de estar aforada y viceversa. Perpetuación de la jurisdicción o medida de efectos equivalentes.

F. MEDIDAS RELATIVAS A LOS INDULTOS

28) Reforma del sistema de indultos, posibilitando su concesión exclusivamente cuando exista informe favorable del tribunal.

29) Especialmente debe modificarse la regulación de la suspensión provisional de la ejecución pena en caso de solicitud de indulto (art. 4.4o CP), de la que se hace un uso excesivo y a veces abusivo.

G. MINISTERIO FISCAL Y POLICÍA JUDICIAL

30) En el caso de que se atribuya la instrucción al Fiscal, será necesario adoptar medidas que refuercen su independencia del Poder Ejecutivo y la inamovilidad de los Fiscales, en especial en asuntos de corrupción o que afecten a autoridades políticas.

31) Incremento de los medios personales y materiales de la Fiscalía Anticorrupción. Nuevo marco orgánico y procesal que refuerce su independencia y su papel en la investigación de los delitos.

32) Mantenimiento de la acusación popular como contrapeso del Ministerio Fiscal, en especial si se pretende que en un futuro asuma la investigación, pero estableciendo ciertos límites para evitar abusos. Regulación urgente de un estatuto procesal claro del acusador popular.

33) Creación de equipos de auténtica policía judicial con agentes a las órdenes directas de jueces y/o fiscales dando pleno cumplimiento al art. 126 CE y en los términos previstos en el Anteproyecto de Reforma de la LECrim de 2012, con un estatuto que impida que puedan ser removidos de su cargo hasta que finalice la instrucción, salvo autorización del juez instructor (o fiscal), y siempre con los medios adecuados y más avanzados

34) Incremento de la plantilla de los equipos de policía judicial, y en general de todos los grupos especiales de probada eficacia dedicados a la investigación de la delincuencia económica y financiera. Es indispensable la formación intensiva y el incremento y modernización de los medios de que disponen si se pretende una lucha eficaz contra quienes tienen todos los recursos a su alcance.

H. MEDIDAS RELATIVAS A LOS BIENES INTERVENIDOS Y A LAS RESPONSABILIDADES CIVILES Y PECUNIARIAS

35) Reforma procesal para agilizar el aseguramiento cautelar de las responsabilidades pecuniarias desde el inicio de la investigación para garantizar la restitución de las sumas apropiadas o desviadas. Se debe permitir con las debidas garantías el embargo de bienes de testaferros o colaboradores y la aplicación de la doctrina de levantamiento del velo y declaración de nulidad de negocios jurídicos por los que se hubieren transmitido los bienes procedentes del delito.

36) Sería conveniente estudiar la posibilidad de reservar la responsabilidad civil para otro procedimiento distinto y paralelo al penal en determinados casos, ya que frecuentemente retrasa en exceso la finalización de la instrucción, sin perjuicio de mantener como regla general el tratamiento conjunto de las responsabilidades penales y civiles en el mismo proceso.

37) Fomentar la adecuada investigación patrimonial en los Juzgados y las gherramientas que ofrece el punto neutro judicial. Cursos de formación de funcionarios encargados de dichas tareas. Es necesario facilitar y promocionar el trabajo de investigación patrimonial y el ágil cruzado de datos de todas las entidades, autoridades u organismos que puedan proporcionarla (AET, índices notariales, de los registros, del Banco de España, Seguridad Social, etc…).

38) Creación en los edificios judiciales de servicios comunes de averiguación de bienes con funcionarios especializados dedicados en exclusiva a estas funciones. 39) Creación de la oficina de recuperación de activos del art. 367 septies CP.

I. MEDIDAS RELATIVAS A TESTIGOS Y PERITOS

40) Creación de un cuerpo de peritos contables exclusivamente al servicio de los juzgados y tribunales cuyos informes puedan solicitarse ordinariamente por los jueces con la rapidez que supone su cercanía y trabajo conjunto, y no sólo en las causas complejas. Se trata de una medida fundamental de asesoramiento a los jueces, expertos en Derecho, no en contabilidad o economía.

41) Subsidiariamente debe fomentarse la colaboración con Justicia de los Inspectores de Hacienda, del Banco de España y de Patrimonio y de los funcionarios de la Intervención General del Estado. Creación de grupos especialmente cualificados destinados a apoyar a los Juzgados con un número suficiente de funcionarios.

42) Mejora de la Ley de Protección de Testigos y Peritos de 1994, hoy bastante ineficaz.

43) Expertos en informática a disposición de los jueces.

J. MEDIDAS RELATIVAS A LA CORRUPCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL

44) Ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción.

45) Introducción del delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato.

46) Introducción del delito de financiación ilegal de partidos políticos.

47) Agravación de las penas de ciertos delitos relacionados con la corrupción, en particular del tráfico de influencias, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, entre otros.

48) Reducción de la cuota defraudada en los delitos contra la Hacienda Pública, hoy excesivamente elevada (120.000 €). Agravación de pena e incremento del plazo de prescripción.

49) Agravación de las penas por conductas que indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción: omisión del deber de denunciar y/ o perseguir determinados delitos.

50) Introducción de una modalidad de delito de obstrucción a la Justicia para el caso de falta de colaboración con la Justicia y en especial cuando en el curso de una investigación no se remita al juez la documentación requerida o se remita incompleta.

51) Agravación del delito de desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario público, hoy castigado con pena de multa en el Código Penal.

52) Limitación o prohibición legal de la suspensión o sustitución de la pena en caso de delitos de corrupción, salvo casos muy excepcionales y siempre condicionada a la devolución de las sumas malversadas o apropiadas.

53) Despenalización de las pequeñas infracciones penales (en particular las faltas) que suponen un desproporcionado y a veces innecesario esfuerzo para la Administración de Justicia y que restan atención y esfuerzos en causas de mayor entidad.

K. OTRAS MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS

54) Promoción de instrumentos eficaces de cooperación judicial internacional. Las comisiones rogatorias retrasan notablemente los procesos especialmente cuando se trata de países que quedan fuera de la UE, por lo que es muy conveniente rpmover convenios para el auxilio judicial internacional y el intercambio de información directa entre jueces y fiscales.

55) Promoción de la utilización de los servicios de EUROJUST y REJUE.

56) Potenciación del control en vía contencioso administrativa de la actividad de la Administración, e incluso la imposición costas a los responsables de actos administrativos irregulares que generan recursos y multitud de litigios debido a su negligencia, y no a la propia Administración.

57) Introducción de profundos cambios en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional, hoy excesivamente dependiente de los partidos políticos. Eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos.

58) Promoción de acciones eficaces para combatir los paraísos fiscales (acción decidida de la OCDE).

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